Nelson Noé García Laínez fue un defensor de los derechos humanos e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), movimiento del pueblo Lenca que lucha por la defensa del territorio, los recursos naturales y la autonomía comunitaria. García Laínez se destacó por su acompañamiento a comunidades afectadas por desalojos forzosos y por su oposición a proyectos hidroeléctricos que amenazaban los ríos y las tierras ancestrales.
El 15 de marzo de 2016, fue asesinado en el municipio de Río Chiquito, departamento de La Paz, doce días después del homicidio de Berta Cáceres, también integrante del Consejo. Momentos antes de su muerte, García Laínez había participado en el acompañamiento a 150 familias desalojadas violentamente por fuerzas policiales y militares, quienes destruyeron viviendas y cultivos con maquinaria pesada. Poco después de ese operativo, fue atacado y asesinado a balazos.
Su asesinato provocó una fuerte condena nacional e internacional. Dieciséis organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunciaron el crimen y exigieron al Estado hondureño la creación de una comisión independiente para supervisar la investigación del Ministerio Público. Asimismo, las organizaciones reiteraron que estos asesinatos ocurren en un contexto de persecución, criminalización y violencia sistemática contra los miembros del COPINH, particularmente a raíz de su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Las organizaciones responsabilizaron al Estado por no haber garantizado la seguridad de los defensores y exigieron la cancelación definitiva de la concesión otorgada a DESA, identificada como fuente de amenazas y agresiones contra las comunidades lencas. El asesinato de Nelson Noé García Laínez reforzó la preocupación por el patrón de violencia y represión contra líderes indígenas y ambientales en Honduras, caracterizado por altos niveles de impunidad y conspiración entre actores estatales y empresariales.
