En las montañas de Yoro, la tierra guarda la memoria de quienes se atrevieron a defenderla. Esta es la historia de una madre, costurera y lideresa tolupán de 71 años que fue silenciada a balazos por oponerse al saqueo de su territorio. Un relato donde la codicia por la madera y los minerales se entrelazó con la impunidad estatal, dejando tras de sí una comunidad fracturada, familias desplazadas y una justicia ausente. Detrás de la mártir ambiental, había una vida entera dedicada a sus seis hijos; detrás de su asesinato, operó una maquinaria de corrupción que, hasta el día de hoy, sigue intacta.
El Rostro Humano: Madre, Costurera y Defensora Ancestral
En las profundidades del departamento de Yoro, defender el territorio no es un idealismo romántico, sino una sentencia de riesgo constante. En este escenario áspero, donde la madera y los minerales tienen un precio superior a la vida humana, se alzó la figura de María Enriqueta Matute.
Detrás de la lideresa asesinada a sus 71 años, había una madre soltera de seis hijos cuya vida entera giraba en torno a cuidarlos. Su hija, Luis Amanda Cabrera Matute, la recuerda sencillamente como una «excelente madre». Para sostener a su familia, María Enriqueta cortaba café, lavaba ropa ajena y hacía limpiezas en casas; trabajaba en lo que saliera para poder llevar algo a la mesa. En sus escasos ratos libres, entre el peso del trabajo y las labores del hogar, encontraba refugio en el hilo y la aguja, dedicándose a la costura.
Pero además de ser una madre incansable y trabajadora, tenía una convicción profunda. Ella no hablaba desde la teoría académica, sino desde el territorio mismo, desde un bosque que sentía propio y desde la identidad profunda de su pueblo Tolupán. Como relata su hija Amanda:
“A mi mamá le gustaba defender los bosques, nunca estuvo de acuerdo en que destruyeran nuestros bosques”.
Con una claridad que incomodaba al poder, María Enriqueta repetía con firmeza:
“Yo tengo que defender los bienes naturales de la tribu”.
A pesar de su triple vulnerabilidad —por ser mujer, indígena y adulta mayor— decidió no guardar silencio. Formaba parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), oponiéndose pacíficamente al saqueo de su hogar.
El avance extractivista y la fractura comunitaria
Los datos documentan una invasión sistemática. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) otorgó planes de manejo forestal sobre zonas colectivas de la tribu. Bajo la promesa de supuestos beneficios económicos, un sector de la dirigencia indígena cedió estos derechos a empresas madereras privadas. A la tala de madera se sumó la minería ilegal. A inicios de la década de 2010, se instaló una mina de antimonio operada por una compañía que funcionaba sin licenciamiento ambiental ni consulta indígena.
Esta maquinaria extractiva estaba fuertemente respaldada por autoridades políticas locales y estructuras del crimen organizado. Operaban en la zona mediante grupos armados de aproximadamente 50 hombres que aterrorizaban a la comunidad, robando tierras y provocando desplazamientos forzados. A esta estructura civil y criminal se sumó el poder de exmilitares de alto rango, quienes fueron denunciados por usar camiones y personal uniformado para cercar tierras y promover el despojo de las familias tolupanes.
Lineas de tiempo
Crónica de una Tragedia Anunciada
4 de agosto de 2013
La federación indígena convocó a una asamblea llena de irregularidades, con firmas con la misma caligrafía y tachaduras, para forzar la aprobación de un convenio que permitía seguir explotando el yacimiento de antimonio. A quienes se opusieron les suspendieron su "calidad de miembros de la tribu".
14 al 25 de agosto de 2013
Ante la inacción de la Fiscalía de Etnias frente a sus constantes denuncias, la comunidad —incluida María Enriqueta— instaló un bloqueo pacífico de carretera con turnos de vigilancia día y noche para impedir el paso de camiones cargados de antimonio y madera.
18 de agosto de 2013
Dirigentes de la protesta comenzaron a recibir mensajes de texto advirtiéndoles de forma explícita que, si no cesaban su labor, serían "las segundas personas muertas".
22 de agosto de 2013
El entonces alcalde local llamó personalmente a la Jefatura Policial quejándose de los manifestantes. Las autoridades policiales, en lugar de proteger a la comunidad amenazada, acusaron a los indígenas de cobrar "peajes".
25 de agosto de 2013 | El fatal desenlace
El 25 de agosto de 2013, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, el terror se materializó. Dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron al punto del bloqueo carretero. Tras una breve discusión, sacaron sus armas de fuego y acribillaron en el acto a los líderes comunitarios Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto.
Al presenciar la ejecución de sus compañeros, María Enriqueta corrió despavorida hacia su vivienda ubicada a pocos metros. Sin piedad alguna, los agresores persiguieron a la anciana de 71 años, irrumpieron en su hogar y le dispararon en múltiples ocasiones hasta asesinarla. Tras la masacre, a plena luz del día, abandonaron el lugar sin que nadie los detuviera.
Impunidad y una Herida Abierta
El triple asesinato fue un mensaje letal: defender el bosque contra los empresarios tenía consecuencias de sangre. El recorrido judicial posterior es un catálogo de graves fallas del sistema de justicia.
Agosto 2013
Se identifica rápidamente a los autores materiales. Sin embargo, la justicia actúa con lentitud y negligencia cómplices. Los sicarios continúan circulando libremente por la comunidad durante meses, intimidando a los sobrevivientes.
Febrero 2018
Cinco años después de la masacre, uno de los autores materiales es condenado a 45 años de cárcel mediante un procedimiento abreviado.
Junio y Octubre 2018
Esta "justicia" fue una ilusión: apenas cuatro meses después de la condena, el sicario se fuga tranquilamente del penal local. En octubre de ese mismo año, aparece asesinado en el sector de Locomapa, llevándose a la tumba los secretos de quiénes le pagaron por apretar el gatillo.
Marzo 2020
El segundo implicado material es llevado a juicio y, finalmente, absuelto por el Tribunal de Sentencia.
El mayor fracaso del Estado radica en que jamás se abrió una línea de investigación robusta contra los autores intelectuales: los empresarios madereros, mineros y políticos locales que estructuraron y financiaron el entorno de violencia. Para Amanda, la hija de María Enriqueta, la justicia terrenal falló por completo:
“Dios es el que ha hecho justicia, nadie más”
Siente, al igual que su comunidad, que hay otras personas que participaron y no se ha investigado nada.
El Miedo Sembrado y el Legado de una Guardiana de la Vida
Las consecuencias del asesinato no solo se miden en expedientes judiciales; el impacto humano fue devastador. El Estado abandonó a los tolupanes y, entre 2013 y 2023, la violencia estructural dejó un saldo de más de 20 indígenas asesinados en Locomapa. La vulnerabilidad obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares urgentes, aunque el asedio obligó al desplazamiento forzado de varias familias.
A nivel comunitario, el asesinato cumplió un oscuro objetivo: sembró el terror. Como las personas asesinas permanecían allí y no las capturaban, el miedo se instaló y dividió a la población. Personas que antes luchaban codo a codo se apartaron de la familia de María Enriqueta por miedo a que les mataran. “Fue duro para la familia darnos cuenta que habían asesinado a nuestra madre”, recuerda Amanda, quien también se vio obligada a retirarse de la defensa territorial porque “a uno le dan temor a las consecuencias”. Hoy confiesa con dolor: “A mí ya no me gusta meterme, tengo hijos y no me gustaría darles problemas a mis hijos”. El asesinato no solo arrebató a una madre; paralizó a la siguiente generación.
Hoy, el conflicto en la comunidad de Locomapa continúa latiendo. Existe división interna entre quienes desean vender la madera y el antimonio, y quienes se resisten. Sin embargo, la historia de María Enriqueta resuena como un grito inagotable. Detrás de la mártir ambiental, había una madre de seis hijos que cortaba café y cosía ropa para sacarlos adelante. Cada vez que un a motosierra ilegal se enciende en Yoro, y cada vez que una comunidad exige su derecho a existir, el espíritu inquebrantable de esta abuela de 71 años sigue vivo, recordando que la defensa del bosque es, en su forma más pura, una lucha definitiva por la vida.
